La cumbre de Washington parece que afrontó el problema de los paraísos fiscales, como territorios que plantean "riesgos o actividades financieras ilícitas" o por su falta de cooperación en cuanto no cumplen las normas internacionales sobre "secreto bancario y transparencia". Las medidas que, en su caso, se acuerden, su alcance y su efectiva observancia por el sistema financiero, resultan indispensables para sentar las bases de la solución de la presente crisis.
El Banco de España, ya en la Memoria del 2004, de supervisión bancaria, llamó la atención sobre la presencia de la banca en los "establecimientos off-shore". La entidad, además de admitir los paraísos fiscales como espacio de la actividad bancaria, los reconocía como un problema grave por cuanto puede afectar a los "posibles riesgos de reputación" de las entidades por su actuación en dichos territorios, por la posibilidad de operar sin presencia o con escasa presencia física, por el secreto bancario y las ventajas fiscales. Sobre todo, por cuanto tienen como principal finalidad --un secreto a voces-- la captación de fondos de residentes españoles, por lo general de una gran fortuna, ocultando su identidad y con importantes ventajas fiscales; es decir, contribuyendo al fraude. Pero la señal de alarma no resultó muy eficaz.
Bastan dos muestras. Por un lado, según datos de la Securities Exchange Commission norteamericana, equivalente a la CNMV española, el Grupo Santander, en el ejercicio del 2007, tenia una fuerte presencia --33 sociedades-- en varios paraísos fiscales, como Jersey, la Isla de Man, Guernsey, las Islas Cayman y las Bahamas, con un total de capital y reservas que rondaba los 5.000 millones de euros. Además de diversas sociedades radicadas en Panamá, Luxemburgo, Holanda y Suiza. Y, por otra parte, este año la Comisión Europea reconocía las lagunas legales existentes en las disposiciones comunitarias que habían favorecido la evasión fiscal de acaudalados ciudadanos europeos, también españoles, a través de Liechtenstein, burlando dichas disposiciones mediante la interposición de entidades pantalla para eludir su identidad.
Pero el problema no es en absoluto nuevo. Es más, es gravísimo ante una realidad económica que estimula el recurso a esos espacios de impunidad. En España, hay un crecimiento cada vez mayor de las personas físicas que ganan más de un millón de euros al año, hasta el punto de que es uno de los 10 países del mundo con más millonarios. Igual ocurre con el incremento de personas que ganan al año más de 24 millones de euros, que, según fuentes solventes (el Banco de Inversiones Merrill Lynch y la Consultora Cap Gémini), son 1.500, aun cuando se- gún la Agencia Tributaria española, solo 65 declaran ese nivel de renta. Mientras tanto, la Agencia Tributaria reconoce que el fraude fiscal alcanza el 10% del PIB y se concentra en los grupos más poderosos de la población.
En 1998, la OCDE publicó un informe en el que denunciaba que los paraísos fiscales erosionan las bases imponibles de otros países, limitan el bienestar global y vulneran la confianza de los contribuyentes en la integridad y la justicia de los sistemas fiscales. En efecto, está acreditado que la inversión española en dichos territorios, entre 1998 y el 2000, constituía el 3,4% de la inversión española en el exterior, es decir, unos 1.219 millones de euros.
Y, ante la quiebra de la italiana Parmalat, el Parlamento Europeo, en el 2004, aprobó una resolución que, entre otras cosas, planteaba "establecer directrices sobre los centros territoriales y otros paraísos financieros opacos" y "considerar la conveniencia de revisar las normas y principios de la OCDE sobre ... la liberalización de los movimientos de capital para reforzar la protección de los inversores".
Y muy escaso efecto han debido de producir los 10 tratados internacionales --llamados Canjes de Nota-- que el Gobierno español celebró en el 2005 con otros tantos paraísos fiscales para favorecer un intercambio de información tributaria de muy limitado alcance. Tratados ciertamente sorprendentes, dadas las recomendaciones del Banco de España, la valoración de dichos territorios por la Agencia Tributaria como zonas de "riesgo fiscal" y el hecho de que continúan considerados legalmente como sospechosos de dar cauce al fraude fiscal internacional.
Mientras, a la espera de que se concreten los acuerdos de Washington, lo cierto es que los países miembros de la OCDE incumplen de forma generalizada la recomendación 23 de esta organización, que, hace muchos años, ya exigió, para hacer frente al blanqueo de capitales, asegurar "que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas". El patente incumplimiento de esta y otras disposiciones, subordinadas a los principios más liberales de la economía de mercado, están entre las causas de la actual crisis y sus desastrosos efectos en las economías más débiles.
Los paraísos fiscales, pues, subsisten como expresión y baluarte de los negocios ocultos, del dinero sucio y de un secretismo que impide saber si los flujos económicos que protegen proceden del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de armas o de la fraudulenta evasión fiscal.
Carlos Jiménez Villarejo - Comité de Apoyo de ATTAC España
El Banco de España, ya en la Memoria del 2004, de supervisión bancaria, llamó la atención sobre la presencia de la banca en los "establecimientos off-shore". La entidad, además de admitir los paraísos fiscales como espacio de la actividad bancaria, los reconocía como un problema grave por cuanto puede afectar a los "posibles riesgos de reputación" de las entidades por su actuación en dichos territorios, por la posibilidad de operar sin presencia o con escasa presencia física, por el secreto bancario y las ventajas fiscales. Sobre todo, por cuanto tienen como principal finalidad --un secreto a voces-- la captación de fondos de residentes españoles, por lo general de una gran fortuna, ocultando su identidad y con importantes ventajas fiscales; es decir, contribuyendo al fraude. Pero la señal de alarma no resultó muy eficaz.
Bastan dos muestras. Por un lado, según datos de la Securities Exchange Commission norteamericana, equivalente a la CNMV española, el Grupo Santander, en el ejercicio del 2007, tenia una fuerte presencia --33 sociedades-- en varios paraísos fiscales, como Jersey, la Isla de Man, Guernsey, las Islas Cayman y las Bahamas, con un total de capital y reservas que rondaba los 5.000 millones de euros. Además de diversas sociedades radicadas en Panamá, Luxemburgo, Holanda y Suiza. Y, por otra parte, este año la Comisión Europea reconocía las lagunas legales existentes en las disposiciones comunitarias que habían favorecido la evasión fiscal de acaudalados ciudadanos europeos, también españoles, a través de Liechtenstein, burlando dichas disposiciones mediante la interposición de entidades pantalla para eludir su identidad.
Pero el problema no es en absoluto nuevo. Es más, es gravísimo ante una realidad económica que estimula el recurso a esos espacios de impunidad. En España, hay un crecimiento cada vez mayor de las personas físicas que ganan más de un millón de euros al año, hasta el punto de que es uno de los 10 países del mundo con más millonarios. Igual ocurre con el incremento de personas que ganan al año más de 24 millones de euros, que, según fuentes solventes (el Banco de Inversiones Merrill Lynch y la Consultora Cap Gémini), son 1.500, aun cuando se- gún la Agencia Tributaria española, solo 65 declaran ese nivel de renta. Mientras tanto, la Agencia Tributaria reconoce que el fraude fiscal alcanza el 10% del PIB y se concentra en los grupos más poderosos de la población.
En 1998, la OCDE publicó un informe en el que denunciaba que los paraísos fiscales erosionan las bases imponibles de otros países, limitan el bienestar global y vulneran la confianza de los contribuyentes en la integridad y la justicia de los sistemas fiscales. En efecto, está acreditado que la inversión española en dichos territorios, entre 1998 y el 2000, constituía el 3,4% de la inversión española en el exterior, es decir, unos 1.219 millones de euros.
Y, ante la quiebra de la italiana Parmalat, el Parlamento Europeo, en el 2004, aprobó una resolución que, entre otras cosas, planteaba "establecer directrices sobre los centros territoriales y otros paraísos financieros opacos" y "considerar la conveniencia de revisar las normas y principios de la OCDE sobre ... la liberalización de los movimientos de capital para reforzar la protección de los inversores".
Y muy escaso efecto han debido de producir los 10 tratados internacionales --llamados Canjes de Nota-- que el Gobierno español celebró en el 2005 con otros tantos paraísos fiscales para favorecer un intercambio de información tributaria de muy limitado alcance. Tratados ciertamente sorprendentes, dadas las recomendaciones del Banco de España, la valoración de dichos territorios por la Agencia Tributaria como zonas de "riesgo fiscal" y el hecho de que continúan considerados legalmente como sospechosos de dar cauce al fraude fiscal internacional.
Mientras, a la espera de que se concreten los acuerdos de Washington, lo cierto es que los países miembros de la OCDE incumplen de forma generalizada la recomendación 23 de esta organización, que, hace muchos años, ya exigió, para hacer frente al blanqueo de capitales, asegurar "que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas". El patente incumplimiento de esta y otras disposiciones, subordinadas a los principios más liberales de la economía de mercado, están entre las causas de la actual crisis y sus desastrosos efectos en las economías más débiles.
Los paraísos fiscales, pues, subsisten como expresión y baluarte de los negocios ocultos, del dinero sucio y de un secretismo que impide saber si los flujos económicos que protegen proceden del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de armas o de la fraudulenta evasión fiscal.
Carlos Jiménez Villarejo - Comité de Apoyo de ATTAC España
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