En Martinsa Fadesa, que en julio presentó concurso de acreedores, la lectura inicial del Real Decreto 'es positiva', señalan fuentes cercanas a la inmobiliaria. 'Pero hay que ver la letra pequeña', comentan. 'Si ahora no hay que provisionar por depreciación de activos, ¿qué sentido tiene hacer valoraciones anuales o semestrales?; la medida ¿es retroactiva?, si nosotros ya hicimos provisiones, ¿podremos retirarlas a final de año?' se preguntan las mismas fuentes.
'La depreciación de activos deberá provisionarse igual que antes', afirma un portavoz del Ministerio de Economía. Lo que las empresas podrán eludir será la obligación de ampliar o reducir capital si dicha devaluación estrecha los márgenes de su patrimonio neto. Algo que sí estaban obligadas a hacer hasta ahora y que podrán evitar hasta 2010.
El balón de oxígeno para las inmobiliarias, que han visto cómo en los últimos meses la depreciación de sus activos desplomaba su patrimonio neto (ver cuadro adjunto), tiene fecha de caducidad. El ajuste de la legislación mercantil les da dos años para recomponer su equilibrio patrimonial, pero si persisten las disfunciones después de 2010 ya no habrá red de seguridad.
'La medida tiene un claro efecto positivo para las empresas que atraviesen por una delicada situación patrimonial' por la atonía del mercado, explica Victor Alió, socio del despacho Audalia, 'pero también puede tener un efecto negativo importante para las que no sean capaces de recuperarse. Es muy probable que su situación financiero-patrimonial sea peor que antes, con perjuicio para sus acreedores'.
El mercado, de momento, ha premiado especialmente a Realia, una de las inmobiliarias más estables del mercado, que ayer subió un 10,17% hasta situar su acción en 1,95 euros.
'La solución aprobada por el Gobierno', asegura Álvaro Baíllo, abogado experto en derecho mercantil del despacho Osorio & Asociados, 'es contraria a la reforma contable aprobada en 2007, aumentará la opacidad y sólo beneficia a las grandes promotoras'. '¿Por qué la medida tendrá aplicación sólo hasta 2010, que pasará después?' se pregunta el abogado.
Desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España se sugiere que las auditorías señalen cuando una firma se ha visto beneficiada por este cambio transitorio 'para mantener la transparencia del mercado'."
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