ALEJANDRO BOLAÑOS El País
Mes y medio ha bastado para dejar en entredicho al G-20 como puesto de mando ante la crisis económica. Los líderes de países ricos y emergentes plasmaron en un amplio paquete de medidas su voluntad de afrontar juntos el temporal que se venía encima tras la tormenta financiera. Lo que dieron en llamar "plan de acción" incluía iniciativas de muy diverso pelaje y calado, pero todas tenían el sello de urgente y el mismo punto de partida: la coordinación. El balance, hasta ahora, es muy poco alentador.
El gasto de los Gobiernos para reactivar la economía es insuficiente, según los organismos internacionales. La nueva regulación financiera sigue en fase embrionaria. La negociación para liberalizar el comercio internacional ha cosechado un fracaso rotundo. De las reformas de los grandes centros de decisión mundial no hay noticias. Y los hechos se empeñan en agrietar los frágiles compromisos conjuntos urdidos tras maratonianas cumbres. A tres meses de la próxima cumbre mundial, en Londres, el mejor termómetro de la ineficacia de la medicina del G-20 es que expertos y organismos internacionales alejan cada vez más el horizonte de la recuperación."La reacción de los Gobiernos está siendo pequeña, mal inspirada en cuanto a su diseño y dudosa en cuanto a su implantación", advirtió hace unos días el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn. Con las economías avanzadas ya en retroceso, el FMI ultima otra revisión a la baja de sus previsiones para 2009, un nuevo escenario en el que la recesión mundial es ya una seria amenaza.
"Nuestro pronóstico es sombrío, pero lo será aún más si no se aplica ya el estímulo fiscal necesario", añadió Strauss-Kahn. El llamamiento a una intervención pública masiva y urgente para reanimar la economía fue el acuerdo más llamativo de la cumbre del G-20, a la que también fueron invitados España, Holanda y República Checa. El FMI consideró entonces que era imprescindible un gasto público cercano al 2% del PIB mundial (unos 900.000 millones de euros). De forma muy trabajosa, la UE ha sacado adelante un pacto para aprobar medidas de gasto público equivalente a 200.000 millones de euros, tan sólo un 1,5% del PIB de los Veintisiete. El FMI aconsejó que ese dinero se destinara a grandes proyectos de infraestructuras, a rebajas de impuestos selectivas para las familias con menos ingresos y a ampliar el subsidio de paro y otras ayudas sociales.
Pero cada Gobierno europeo ha hecho de su capa un sayo. Sólo España (deducción de los 400 euros en el IRPF) y Reino Unido (rebaja en el IVA) han aplicado recortes fiscales de entidad, aunque no selectivos. La mayor parte del dinero se lo llevan los planes de inversión, aunque aquí la disparidad también es norma: España, por ejemplo, concentra 8.000 de los 11.000 millones previstos en pequeñas obras municipales para absorber el empleo perdido en la construcción. La ayuda al sector del automóvil se ha convertido en una competición de subsidios para retener las fábricas. Y Alemania responde a cámara lenta a la exigencia del resto de la UE para que abandere nuevos estímulos fiscales. En EE UU la disposición a actuar es más nítida, pero el cambio de Gobierno juega en contra. El presidente electo, Barack Obama, ha anunciado un plan de inversiones valorado en medio billón de euros. Pero no podrá iniciar su tramitación hasta el 20 de enero, cuando tome posesión del cargo. La divergencia en política monetaria a ambos lados del Atlántico es incuestionable: la Reserva Federal estadounidense, con tipos de interés cercanos al 0% y aumento del dinero en circulación, es mucho más agresiva que el Banco Central Europeo. Si la intervención pública fue la decisión más llamativa del G-20, la promesa de desbloquear la negociación sobre comercio internacional fue el compromiso más preciso.
"Si avanzamos en la Ronda de Doha, el impulso para la economía será tan importante o más que el que logren los estímulos fiscales", aseguró en Washington la canciller alemana, Angela Merkel. Aquí hay que apuntar un fiasco sin paliativos: los ministros de Comercio han sido incapaces de alcanzar un acuerdo antes de fin de año, como se fijó en la cumbre. El G-20 se propuso también iniciar una amplia reforma de la regulación para tapar los numerosos agujeros negros que ha dejado al descubierto la crisis financiera. Aún queda tiempo por delante (los ministros de Economía tienen hasta finales de marzo), pero por ahora la discusión deja poco más que un contraste de opiniones en ámbitos técnicos y alguna iniciativa del comité internacional de normas contables (sobre la valoración de activos financieros) o de la Comisión Europea (planteará medidas de supervisión de los fondos de capital riesgo antes de febrero).
Sobre la ampliación del Foro de Estabilidad Financiera (creado por el G-7 y que incluye a Australia, Hong Kong, Países Bajos, Suiza o Singapur) no hay novedad alguna. El G-20 ha encargado a este organismo, en el que también participan los principales bancos centrales, que revise la supervisión financiera. Pero quiere que abra su composición a los países emergentes; un movimiento aún pendiente y que España quiere aprovechar para incorporarse a este organismo.
| Los acuerdos de Washington, a examen | ||||
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